La celebración del Gran Premio de motociclismo en el circuito de Jerez se ha convertido, año tras año, en sinónimo de un evento que desborda el ámbito deportivo para transformarse en un fenómeno social que impacta de lleno en numerosos municipios de la provincia de Cádiz. Si bien la inyección económica que supone es innegable, también lo es el creciente malestar ciudadano ante lo que muchos consideran una "motorada" descontrolada, caracterizada por la permisividad ante comportamientos incívicos y la alarmante falta de previsión en materia de seguridad por parte de los ayuntamientos implicados.
Es inaudito cómo, a pesar de la reiteración de los problemas, ciertos consistorios parecen mostrar una demostrada incompetencia, rayana en la dejación de obligaciones, a la hora de gestionar la llegada masiva de visitantes. Las denuncias vecinales son un clamor constante: ruido ensordecedor a altas horas de la madrugada, cortes de tráfico caóticos y sin alternativas viables, la ocupación indiscriminada de espacios públicos, la proliferación de botellones y la suciedad que invade calles y plazas tras el paso de la multitud.
Resulta indignante observar cómo se priorizan los intereses económicos cortoplacistas del cutrebar y alcoholometros garrafonero, frente al bienestar y el descanso de los convecinos. ¿Acaso el derecho al ocio de unos pocos justifica la alteración de la vida cotidiana de miles de ciudadanos? La respuesta debería ser un rotundo no. Sin embargo, como demuestra ell Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y otros de la zona, la realidad, la preocupante inacción por parte de las autoridades locales, que parecen plegarse ante la magnitud del evento, obviando su responsabilidad de garantizar la convivencia y el orden público, bajo el principio de "TODO POR LA PASTA"
No se trata de demonizar el motociclismo ni a los aficionados que acuden a disfrutar del Gran Premio. El problema radica en la falta de planificación y control por parte de los ayuntamientos, que no implementan medidas efectivas para mitigar los impactos negativos de esta masiva concentración o impedir el acceso de a los centros históricos, haciendo uso de los medios de los que disponen. La seguridad vial se ve comprometida por la circulación temeraria de algunos individuos, los altercados y los actos vandálicos se suceden ante la mirada ausente de las fuerzas de seguridad locales, personificada por funcionarios desganados por naturaleza que, también en estos días, desaparecen, haciendo una muy mas que clara dejación de sus obligaciones, una vez mas, traicionado los principios rectores de la Policía Municipal "legalidad,
honradez, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo,
disciplina, rendición de cuentas, eficacia, integridad, interés público y
respeto a los derechos humanos" y despejando las dudas sobre la vocación, el honor, el compromiso o la solidaridad
Es hora de que los responsables municipales asuman su responsabilidad y dejen de mirar hacia otro lado. La celebración de un evento de esta magnitud exige una planificación integral que contemple la seguridad, la movilidad, la limpieza y el respeto al descanso de los vecinos. No basta con "las reuniones donde dibujar la teoría de un dispositivo policial sobredimensionado el fin de semana de la carrera" que al final, siempre, según los resultados, todo queda en el papel, como dibujoo o garabato; se requiere una estrategia a largo plazo que involucre a todas las áreas del ayuntamiento y que establezca límites claros a los excesos.
La permisividad con los "vecinos delincuentes", es un síntoma de la falta voluntaria de autoridad y de la incapacidad de garantizar un entorno seguro para todos. No se puede tolerar que unos pocos empañen la imagen de la provincia y generen un clima de inseguridad y malestar. Es fundamental que se aplique la ley con rigor y que se ponga fin a la impunidad de quienes actúan al margen de las normas excusados por el corto espacio de tiempos
En definitiva, la "motorada" en algunos municipios de Cádiz, lejos de ser una fiesta para todos, se ha convertido en una fuente de problemas e incomodidades para muchos ciudadanos. La incompetencia y la dejación de obligaciones por parte de los ayuntamientos son evidentes y claman por soluciones urgentes y efectivas. Es necesario un cambio de rumbo que priorice el bienestar de los residentes y que garantice que la pasión por el motociclismo no se traduzca en un quebradero de cabeza para quienes viven en estos municipios.
Aunque, visto lo visto y sumando los resultados, quizás habrá que llegar a los tribunales para exigir a los políticos y funcionarios implicados, la responsabilidad debida por su negligencia y, la responsabilidad subsidiaria, económica, ante la degradación de calles, aceras, parques, plazas, infraestructuras pagadas por todos. Por no hablar de la responsabilidad en accidentes y muertes
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